Posible delito de calumnias y abuso de autoridad en las declaraciones del Delegado del Gobierno en CLM

“Tengo que decir que ante una comunidad que hoy hemos visto en los medios de comunicación, que hoy está siendo intervenida por el Gobierno de España, porque ha entrado otra vez en un déficit que nos preocupa a todos los españoles...Yo solamente puedo deciros que parece que en estos momentos el señor Page está pidiendo a gritos el 155 para que por lo menos el estado español corrija los problemas que tiene esta región". (José Julián Gregorio. Delegado del Gobierno en Castilla La Mancha)

Aunque por su contenido parece que quien hace estas afirmaciones fuese alguien con una cierta dispersión intelectual, estas palabras las pronunció el Delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio. La persona en la que Mariano Rajoy ha depositado toda su confianza para que sea su embajador, cooperador y coordinador en las tierras castellano-manchegas.

Obviamente, ni el Gobierno de España ha intervenido a Castilla-La Mancha, ni el actual gobierno de la región ha incumplido el objetivo de déficit según reconoció el propio ministro Montoro. Hace un mes, la autoridad independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) consideró "factible" que Castilla-La Mancha cumpla el objetivo de déficit público para 2017, cifrado en el 0,6 % del PIB. No sucedió lo mismo cuando gobernaba Cospedal, cuando Castilla-La Mancha sí incumplió el objetivo de déficit y Montoro obligó a presentar un plan de ajustes. Aún así, obviamente, Castilla-La Mancha tampoco fue entonces intervenida como si estuviera fraguando un delido de secesión y mucho menos nadie pensó entonces en un casi desconocido artículo de nuestra Constitución. Simplemente, Cospedal había vuelto a incumplir el objetivo de déficit.

El lenguaje barriobajero utilizado por el Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha viene siendo habitual en sus alocuciones sobre todo cuando habla del presidente de la región Emiliano García Page, a quien ha tildado de “capo de la mafia “o “pequeño Artur Mas” entre otras lindezas. Pero su escalada de improperios ha ido en aumento como si de una sinfonía de música clásica se tratara aunque con un resultado bastante menos armonioso.

Las palabras referidas anteriormente fueron pronunciadas en la sala de prensa de las Cortes Regionales cuando los periodistas le preguntaron qué opinaba del Debate del estado de la Región. En primer lugar, la autoridad del Estado en la región no debería hacer uso de unas instalaciones autonómicas sobre las que previsiblemente carece de autoridad, salvo que, efectivamente, se hubiese declarado el artículo 155 para Castilla La Mancha y así lo hubiera decretado Mariano Rajoy, cosa que no ha ocurrido ni es previsible que ocurra. 

Las funciones de un Delegado del Gobierno, según la legislación vigente, están en orden a “ejercer la dirección y la supervisión de todos los Servicios de la Administración General del Estado y sus organismos públicos situados en el territorio de la Comunidad Autónoma”. Las Cortes regionales, por tanto, no entran en ese supuesto.

Sus competencias se limitan a dirigir la Delegación del Gobierno, formular las propuestas necesarias a los Ministerios y proteger el libre ejercicio de derechos y libertades, así como garantizar la seguridad ciudadana. La protección del libre ejercicio de derechos y libertades realizada esta semana brilla por su ausencia al tomar posesión de la Sala de Prensa de las Cortes Regionales y utilizar su cargo de delegado del Gobierno para, desde el Gobierno nacional atacar a la máxima autoridad del Gobierno regional. Podría haber optado, sin embargo, por utilizar la función de “formulación de propuestas a los Ministerios”, para pedirle al Ministerio de Agricultura que deje de autorizar trasvases ilegales, por poner un ejemplo de algunas de esas funciones que sí puede y debería ejercitar. Como cortesía, se ha utilizado la sala de prensa de las Cortes Regionales por todos aquellos cargos electos de la región, como por ejemplo senadores y diputados nacionales, presidentes de Diputación o secretarios regionales de los partidos con representación parlamentaria. No cumple esas cualidades Gregorio, ni como Delegado del Gobierno (libre designacion), ni como presidente del PP en Toledo (ámbito provincial).

Sin embargo, el asunto podría quedar en la irregular utilización de las Cortes para ofrecer unas declaraciones de no haber sido por la gravedad de sus palabras. Falta de seriedad y de raciocinio hay que tener para que, en una situación de crisis constitucional del Estado español, en plena aplicación del artículo 155 de la Constitución desde la Moncloa sobre el territorio catalán, se frivolice con la Carta Magna para hacer una crítica política de tintes provincianos, realizando un notable abuso de autoridad y pronunciando afirmaciones que no tienen ninguna justificación ni documento probatorio ¿Dónde está el patriotismo del Partido Popular?

Dentro de su obnubilación esperpéntica quiere convencer a la ciudadanía de que un presidente que acaba de sentirse orgulloso de su Gobierno, ofreciendo datos de una gestión positiva que distan mucho de los arrojados por la gestión  de su antecesora Dolores Cospedal, pide la intervención del Gobierno de la nación en esta tierra. Como forma de colocar una tupida cortina de humo sobre su propia gestión, Gregorio olvida que entre sus funciones si está la de "mantener las relaciones de cooperación y coordinación del Gobierno de la nación con el de la Comunidad Autónoma”, seguramente porque no ha sido necesaria su intercesión, ya que el presidente de esta región ha repetido hasta la saciedad su ofrecimiento de colaboración y lealtad con los instrumentos constitucionales utilizados por el Gobierno para la resolución del conflicto catalán, con el que los ciudadanos de esta tierra no frivolizan aunque lo haga el delegado del Gobierno.

Sus injurias habituales, lanzadas contra la persona que representa en estos momentos al Estado español en el territorio de Castilla La Mancha, esta vez han ido mucho más lejos, ya que en este caso su afirmación puede ser constitutiva de un delito de calumnias, puesto que está acusando al presidente de Castilla-La Mancha de poner en riesgo la seguridad nacional, (hecho por el que se pone en marcha el artículo 155) y realiza tales manifestaciones con el agravante del presunto abuso de autoridad, al utilizar una institución sobre la que no tiene ninguna capacidad de disposición.

La ciudadanía de esta región espera la respuesta a las dos preguntas presentadas este jueves en el Congreso, por los diputados socialistas de Castilla-La Mancha, con el único objeto de conocer el alcance de tales manifestaciones, comprobar si son respaldadas por el Gobierno del Estado y si Mariano Rajoy piensa cesar a su delegado en nuestra región. De esta manera, tal vez, José Julián Gregorio, a partir de ahora, piense antes de hablar. 

Hay ya demasiados pirómanos en el conflicto catalán como para añadir más brasas, de forma tan frívola y gratuita.

Dclm.es