El Gobierno regional garantiza por Ley el desarrollo de las sociedades cooperativas como pilar de promoción económica

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al Proyecto de Ley de la Microempresa Cooperativa y la Cooperativa Rural, y ha acordado su remisión a las Cortes de Castilla-La Mancha para su tramitación. Así lo ha explicado hoy en rueda de prensa la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha justificado la idoneidad de esta norma en la importancia que para la Administración regional tiene la promoción de las sociedades cooperativas, al considerarlas “uno de los pilares del desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha”.

Esta norma desarrolla la Ley regional de Cooperativas de 2010 y muy especialmente la microempresa cooperativa y la cooperativa rural. “Se trata de figuras que consideramos muy pegadas a la realidad del tejido empresarial de Castilla-La Mancha, cuya regulación va a suponer ampliar las posibilidades de desarrollo de la actividad en las zonas rurales de la región”, ha explicado la consejera.

“El proyecto de Ley ha contado con la participación de las organizaciones más representativas del cooperativismo de trabajo asociado y agroalimentario, en el seno del Consejo Regional de Economía Social”, ha indicado Patricia Franco, que también ha señalado que la parte sustancial del texto de la Ley quedó prácticamente ultimada en los primeros meses de 2011, sin que en la legislatura pasada se llevara a cabo iniciativa alguna para tramitar esta norma.

En lo que se refiere a la microempresa cooperativa, la nueva norma recoge que cualquier pequeña actividad empresarial que pretenda operar en el mercado bajo la forma jurídica de sociedad, podrá optar por una microempresa cooperativa como la fórmula más ágil y sencilla para hacer realidad el proyecto empresarial.

Del mismo modo, se flexibilizan el número de socios (un mínimo de dos y un máximo de diez) y de trabajadores por cuenta ajena que puede contratar; se articula el pago de las cuotas de los socios trabajadores a la Seguridad Social; se simplifica el funcionamiento de los órganos sociales de la cooperativa, reconociendo a los socios autonomía para organizar el gobierno de la empresa; y se facilita la constitución de la sociedad al permitir que se desembolse el 50 por ciento del capital social al inicio, y el resto se haga en un plazo máximo de dos años. El capital social será de 3.000 euros.

“Este es un modelo societario que encaja muy bien con el perfil de los jóvenes universitarios que apuesten por emprender en colectivo y que, a partir de ahora, podrán contar con el apoyo del Plan de Autoempleo”, ha dicho Patricia Franco. En cuanto a la cooperativa rural, ha recordado que este tipo de cooperativa no existe en ningún territorio del Estado es la primera regulación legal autonómica que articula esta fórmula societaria.

“En muchos pueblos de nuestra región, la cooperativa agraria ha sido, históricamente, la empresa más importante del municipio y así era reconocida, este señalamiento público no deja de ser un reflejo de la importancia social y económica que las cooperativas han tenido y tienen en el medio rural”, ha manifestado en la comparecencia de prensa y ha dicho que con la creación del nuevo tipo de cooperativa rural, se pretende ampliar sus actividades, dotándolas de mayor potencialidad, a fin de que puedan operar en cualquier sector que conjugue su desarrollo empresarial con el del entorno rural.

“Con la nueva clase de cooperativa, distinta de la agraria o agroalimentaria, pretendemos contribuir a la dinamización de las zonas rurales, entendidas éstas como aquellos municipios de población igual o inferior a 15.000 habitantes”, ha apuntado la responsable regional de Economía.

Esta Ley permite que puedan actuar en cualquier actividad económica y social, fomentado el desarrollo sostenible del medio rural en actividades tales como las agroalimentarias, explotación comunitaria de la tierra, servicios educativos, culturales, asistenciales, de iniciativa o de integración social, actividades de consumo, turismo rural, ocio y tiempo libre, acciones medioambientales, energéticas, nuevas tecnologías, protección de la dependencia o de similar naturaleza, que redunden en beneficio del medio rural.

Con este proyecto de Ley se llevan a cabo algunas modificaciones puntuales de la vigente Ley de Cooperativas: la cooperativa agraria pasa a denominarse cooperativa agroalimentaria; se elimina la obligatoriedad de presentar, para la constitución de la cooperativa, el certificado de denominación que expide la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral; se simplifica el procedimiento de renovación de los miembros del órgano de administración de la cooperativa; se armoniza algunos artículos de la Ley y se aclaran preceptos que en la práctica han supuesto algunos problemas de interpretación; se incluye la necesidad de que los Estatutos de las cooperativas de trabajo asociado y las microempresas cooperativas señalen el régimen de Seguridad Social al que se acogen.

Por último, y con la finalidad de fomentar la creación y acceso de las cooperativas de iniciativa social sin ánimo de lucro a la contratación pública, se introducen criterios de desempate para este tipo de cooperativas, siempre que así lo recoja el pliego de condiciones.

“Una vez aprobada por las Cortes, esta norma dará un impulso al sector del cooperativismo, que está compuesto en la región por más de 1.300 empresas y da empleo a cerca de 11.400 trabajadores”, ha concluido Patricia Franco.