15/07/2012

¿Está Castilla-La Mancha entre las ocho comunidades autónomas en riesgo de intervención?

Un total de ocho comunidades tendrán que presentar esta semana medidas que constaten su capacidad para cumplir con el objetivo de déficit de este año (1,5%) si quieren evitar que el Ministerio de Hacienda eleve las advertencias al Consejo de Ministros del próximo viernes y se inicie así el procedimiento incluido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que puede acabar en intervención. La incógnita es saber qué autonomías son, porque no trascendió al término del Consejo de Política Fiscal y Financiera y sólo la Región de Murcia ha admitido la necesidad de nuevos ajustes.

EL MINISTRO DE HACIENDA, CRISTÓBAL MONTORO, SALUDA AL CONSEJERO ARTURO ROMANÍ EL DÍA 12.

El Gobierno emitió una advertencia informal a estas regiones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de la semana pasada y les concedió siete días para que refuercen sus medidas y las presenten en reuniones bilaterales con el Departamento de Hacienda.

Si en ese plazo no consiguen llegar a un acuerdo, las advertencias se formalizarán en el Consejo de Ministros del próximo viernes y se empezará a aplicar la Ley para evitar las desviaciones en el déficit.

Si se aprueban las advertencias, el Gobierno tendrá que convocar de nuevo este mismo mes el CPFF para presentárselas a las comunidades autónomas, que dispondrán, según la Ley, de un mes para adoptar las medidas necesarias y comunicárselas a Hacienda.

Y si cumplido este plazo las comunidades no han presentado medidas adicionales o el Departamento dirigido por Cristóbal Montoro las considera insuficientes, el Gobierno podrá empezar a imponer las sanciones previstas en la Ley.

Así, las comunidades sancionadas deberán constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2% de su PIB. Dicho depósito será cancelado cuando se pongan en marcha las medidas que Hacienda considera necesarias.

Si transcurridos tres meses los ajustes no se han aplicado, el depósito no devengará intereses y a los seis meses se convertirá en multa. Una vez que hayan pasado un total de nueve meses y no se hayan puesto en marcha las medidas, el Gobierno podrá intervenir la comunidad autónoma.

¿COMO SERÍA LA INTERVENCIÓN?

La intervención consistirá en el envío bajo la dirección del Ministerio de Hacienda de una delegación de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada.

La delegación enviada podrá solicitar información o antecedentes de las partidas de gastos e ingresos y la comunidad autónoma en cuestión estará obligada facilitar cualquier dato. La delegación deberá presentar una propuesta de medidas y sus conclusiones se harán públicas en una semana.

No se podrá autorizar ninguna operación de crédito, ni la comunidad tendrá acceso a los mecanismos de financiación previstos en la Ley de Estabilidad hasta que las medidas exigidas hayan sido implementadas.

LA VERSIÓN DE LA JUNTA DE COSPEDAL

El consejero de Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, aseguró el pasado día 13 que "a esta comunidad autónoma nadie le ha comunicado, de ninguna manera, que exista algún requerimiento de información pendiente, o que la información que hemos presentado no sea suficiente, o que exista algún riesgo co ncreto de incumplimiento del objetivo de déficit".

Así lo ha recalcó Arturo Romaní en rueda de prensa, en la que ha informó sobre los diferentes puntos abordados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y subrayó que, de hecho, Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas más "seria" y más "decidida" en el cumplimiento de los objetivos de déficit presupuestario, "y lo hacemos porque estamos convencidos; esto merece un reconocimiento, puesto que nuestro punto de partida no es el mismo".

Además, Romaní continuó afirmando que desde Castilla-La Mancha no sólo se está haciendo un esfuerzo en la elaboración de unas cuentas que reflejen de verdad los ingresos y los gastos, sino que, además de ser reales, permitan cumplir con el objetivo del déficit y erradicar unas prácticas que se llevaban a cabo con el Gobierno socialista anterior, como las de las facturas en el cajón, "no queremos que haya ni una sola factura en el cajón, eso aquí se ha terminado y todos nuestros esfuerzos, que aquí cuestan más que en otros sitios, no merecen una amonestación, que no ha habido, sino que merecería un reconocimiento", concluyó.