Los defensores de derechos humanos en Colombia tienen "una lápida a la espalda"

En declaraciones a Europa Press tras su participación en una charla organizada por Amnistía Internacional en la Biblioteca Pública Fermín Caballero de Cuenca, Valenzuela, residente en España con su familia en calidad de protegida, ha admitido ser "una persona incómoda" para el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Como integrante de la organización CONPAZ --Comunidades construyendo paz en los territorios--, Valenzuela ha denunciado corrupción, crímenes y desapariciones y se ha visto obligada a salir de su país porque "ya no me quedó dónde esconderme".

Una decisión "muy complicada" que llegó precedida del asesinato y desaparición de su hijo de nueve meses y que comparte con miles de personas, muchos de ellos defensores de derechos humanos, de los cuales "ya han sido asesinados setenta este año", ha denunciado.

"La gente ya no aguantaba más reclutamientos forzados, violaciones a las niñas, personas desmembradas y por eso se creó el espacio humanitario", ha subrayado, para admitir que no sabe "qué esperar" de la Alianza para la protección de los líderes sociales, "porque nos siguen asesinando igual".

Tras criticar que la nueva unidad de la Fiscalía colombiana destinada a esclarecer este tipo de crímenes "la han creado, pero para ellos, no para la sociedad civil", la activista ha hecho hincapié en que el proceso de paz "que tanto mencionan, apenas está entre el Gobierno y las FARC, porque estas no entregan a los desaparecidos ni dicen dónde están".

"Tenemos fe en la paz, pero si no hay seguridad social y justicia socioambiental, no la vamos a lograr", ha aseverado, recordando que en Buenaventura, su ciudad de origen, "hay una batalla campal, se pide al Gobierno ayuda para llegar a un acuerdo de resolución y no aparece por ninguna parte, le da igual que se maten".

Por su parte, el coordinador de Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha, Alfonso Sánchez, ha puesto en valor la campaña 'Valiente' de esta organización como una "respuesta a la ola de ataques que está habiendo en todo el mundo a defensores de los derechos humanos" y que, según la organización, en 2016 se cobró la vida de 281 personas. Como ellas, son miles las "que se están jugando la vida todos los días por los derechos humanos y sin las cuales el mundo sería más injusto".

Finalmente, el responsable de los trabajos sobre Colombia dentro de la sección española de Amnistía Internacional, Diego Escribano, ha insistido en que la violencia en este país "continúa, no termina con el acuerdo de paz", ya que, las zonas en las que, tradicionalmente, tenían presencia las FARC, "están siendo ocupadas por otros grupos armados que siguen atacando y amenazando a la población civil".