El Gobierno decide subir un 1% el sueldo de los empleados públicos este año

En concreto, la Mesa del Senado ha acordado incorporar al proyecto de Presupuesto del Senado para ese ejercicio el incremento del 1% en las retribuciones de senadores y personal que presta servicio en la Cámara Alta, que fue "decidido por la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas".

El Senado ya aprobó su presupuesto el pasado 21 de marzo, si bien el Gobierno le ha solicitado que actualice sus cuentas para incorporar un incremento salarial del 1% acordado en el marco de la Mesa General, en donde se fija la subida salarial de todos los empleados públicos.

En cualquier caso, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha convocado oficialmente para este miércoles por la tarde la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, en la que cerrará de forma definitiva con sindicatos, comunidades autónomas y la FEMP las cifras de la convocatoria de oferta de empleo público (OEP) para 2017 y el incremento de salario de los empleados públicos para este ejercicio.

En la última reunión celebrada el pasado miércoles en el marco de la Mesa General, fuentes sindicales señalaron que la negociación estaba "encallada" en materia salarial, ya que los sindicatos consideran que el aumento de la retribución de los empleados públicos debería ser, como mínimo, superior al IPC de 2017, que el Ejecutivo prevé que se sitúe en el 1,2%.

Los sindicatos reclaman al Gobierno la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos perdido durante los años de crisis, tras la bajada del 5% aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y la congelación de los mismos al año siguiente, en 2011, y durante toda la legislatura de Mariano Rajoy.

COMUNICACIÓN OFICIAL, ESTE MIÉRCOLES

En la reunión oficial de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas de este miércoles también se terminarán de fijar las cifras definitivas, a incluir en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 que el Consejo de Ministros presentará y aprobará el viernes, de la oferta de empleo público (OEP) de este año, que será de al menos 250.000 plazas de conversión de personal interino en fijo para los próximos tres ejercicios, con lo que se reducirá la interinidad del 25% actual al 8%.

En la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas están representados tanto los sindicatos como la Administración, comunidades autónomas y ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y su convocatoria es obligatoria antes de la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Fuentes de CSIF destacaron que en la última reunión de las organizaciones sindicales con el Ministerio de Hacienda celebrada la semana pasada se avanzó en la negociación, ya que los sindicatos habrían conseguido que el Gobierno considere como puestos esenciales un mayor número de ámbitos de la Administración General del Estado (AGE) de los que contemplaba en un principio.

En concreto, Función Pública estaría dispuesto a aceptar que, junto a Sanidad, Justicia y Educación, los ámbitos en los que ya se había llegado un acuerdo de reposición de más del 100% de los trabajadores jubilados, también se extrapole a los referidos a los servicios de atención directa al público, de forma que se añadirían ámbitos como el de las oficinas de DNI, la Seguridad Social, los servicios de empleo o la Dirección General de Tráfico (DGT).

Tanto UGT como CC.OO. piden a Montoro la convocatoria de al menos 360.000 nuevas plazas y, junto a CSIF, el sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE), la eliminación de la tasa de reposición para reducir el déficit de 300.000 empleos perdidos desde 2011.

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel caballero, mantuvo a finales de febrero una reunión con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, a la que pidió que en 2017 la tasa de reposición de los empleados públicos locales se fije en el 100% como mecanismo para recuperar los puestos de trabajo perdidos por las limitaciones planteadas desde 2012 por la normativa de equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera.

Según la FEMP, la norma ha afectado especialmente a la Administración local, que desde 2012 hasta 2016 ha perdido casi 100.000 empleos, que representan una reducción del 15% de disminución de sus recursos humanos. En la Administración General de Estado (AGE) y en las comunidades autónomas los porcentajes de reducción han sido del 11,5% y del 3,7%, respectivamente, según sus cálculos.