El Ayuntamiento de Puertollano recurrirá la sentencia del TSJCM que obliga al pago de 2,5 millones por las obras en barriadas

El Ayuntamiento de Puertollano recurrirá en casación la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que en la práctica le obliga al pago de 2,5 millones de euros a los sucesores concursales de la empresa que ejecutó las obras de accesibilidad de las barriadas del Carmen y las Mercedes, según ha anunciado la alcaldesa, Mayte Fernández, en el transcurso del pleno ordinario celebrado este miércoles.

Aún así, la corporación municipal ha aprobado el expediente de créditos extraordinarios para consignar el pago en los presupuestos, con los votos a favor del PSOE, la abstención de Ciudadanos e IU, y el rechazo del PP.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Puertollano contra la resolución de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades que conllevó la paralización de la liquidación del convenio de las obras. Entendían los magistrados que el Consistorio ha actuado incumpliendo el convenio, al no informar a la Junta de la modificación del proyecto antes de su ejecución.

Durante el debate, la regidora ha acusado al anterior Gobierno regional de Cospedal de actuar "vulnerando el principio de confianza entre administraciones" con la "intencionalidad clara de rebuscar un defecto de forma" para "arrebatar" los 1,8 millones iniciales que, según los términos del convenio, debería pagar la Junta de Comunidades por la certificación número 10 de esta obra.

Fernández ha recordado que fue Renfe el organismo que no autorizó la construcción de la segunda pasarela prevista, y que las posteriores modificaciones del proyecto eran conocidas tanto por el jefe de sección técnica como por el propio director general de Fomento del Gobierno Cospedal, "sin que objetara nada al modificado".

Para la alcaldesa "hay responsabilidades políticas, sí, pero no del equipo de Gobierno socialista" de la época. En este sentido ha lamentado que los grupos de oposición sigan una política de "tierra quemada" y se "alegren" cada vez que una sentencia va en menoscabo de los intereses municipales.

En todo caso, Fernández ha insistido en que el Ayuntamiento de Puertollano tiene la obligación de pagar una obra ya hecha y certificada, y que "otra cosa es que se haya perdido la subvención" durante el proceso judicial.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Rafael López, ha argumentado su abstención arguyendo que esta formación no va a ser "cómplice" de decisiones sin justificación, y se ha remitido a los argumentos de la propia sentencia, que dictamina que el Consistorio no comunicó debidamente las modificaciones en el proyecto antes de su ejecución.

En los mismos términos habló el portavoz popular Juan José Jiménez Prieto, quien ha reiterado que su grupo no puede permitir que sean los ciudadanos quienes "paguen los platos rotos", y que debe ser el equipo de Gobierno quien asuma su responsabilidad y "señale a los culpables", punto en el cual ha coincidido el portavoz de IU, Jesús Manchón.