El Gobierno de CLM aprobará un Plan de Choque que genere empleo para 60.000 personas en agosto

El candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha concretado este martes que su futuro Gobierno presentará en agosto el Plan de Choque con el que dar empleo a lo largo de la legislatura a 60.000 parados que no tienen prestación.  

"Lo presentaremos a los agentes sociales, ayuntamientos y diputaciones", ha recordado García-Page durante la primera jornada del Debate de Investidura, donde ha reiterado que pretende trabajar con los agentes sociales, dentro del marco legal, para poner en marcha "todas las medidas posibles" en el ámbito del empleo.  

En este sentido, ha aludido a los responsables de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) y a los sindicatos para expresar su intención de que la región "pueda presumir de la legislación más facilitadora" para la implantación de empresas", mediante una ley de trámite único, ya anunciada, y la modificación de la normativa urbanística.

PACTO CONTRA LA LOMCE  

Por otro lado, en materia educativa, el candidato a presidir el Gobierno de Castilla-La Mancha ha reclamado un pacto de Estado a nivel nacional para conseguir cambiar la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y acabar así con sus "efectos nocivos".  

"Estuvimos a punto, y por eso se puede lograr, es un pacto que tiene mucho avanzado porque todas las fuerzas políticas de la oposición se han puesto de acuerdo en que se cambie", ha dicho García-Page, quien ha avanzado que exigirá una reunión del Consejo Interterritorial de Educación para "poder gestionar con racionalidad y acabar con el martirio de muchas familias".  

Otro de los aspectos que a través de su programa electoral quiere plantear desde el Gobierno autonómico es proponer a los estudiantes de la región un 'contrato puente' para que puedan "echar raíces" en Castilla-La Mancha cuando acaben sus estudios universitarios o de Formación Profesional.  

Del mismo modo, ha recordado su intención de proponer "un acuerdo específico" por la educación en el que se establezca un marco con al menos el 6% del Producto Interior Bruto de la Comunidad Autónoma para este sector.  

Reabrir las escuelas rurales cerradas en la anterior legislatura, garantizar plazas de Formación Profesional a todo el que lo solicite o un plan que determine la agenda de inversiones educativas son otras de las propuestas educativas que García-Page quiere poner en marcha.

TRAMITARÁ TODOS LOS EXPEDIENTES DE DEPENDENCIA  

En cuanto a los servicios sociales, García-Page ha centrado su discurso en este ámbito en la Ley de la Dependencia, comprometiéndose a aprobar "todos los expedientes en el cajón" antes de final de año.  

En este punto, ha recordado que "miles de personas se han quedado a la espera de que se ejecute su derecho" a percibir prestaciones por Dependencia, por lo que se trabajará para "rescatar" este servicio.  

El líder socialista quiere en este ámbito promover una nueva ley de acceso de acceso a la función pública para discapacitados y luchar "contra la desigualdad social" con una normativa que "contemplará un plan contra la pobreza energética, acelerar el Ingreso Mínimo de Solidaridad o aprobando una estrategia contra la exclusión social".  

Otra de las medidas a poner en marcha en materia de servicios sociales será el Plan de Rescate Habitacional, una de las exigencias de Podemos para dar su apoyo a García-Page en la investidura, comprometiendo que haya "acción de Gobierno" en todos los procesos de desahucios.

SANIDAD  

Otro de los ejes de actuación de García-Page, si es presidente de la región, será rescatar el Estado de Bienestar y allanar el camino para establecer los cimientos para que Castilla-La Mancha recupere los niveles de calidad en servicios básicos más elementales, tras los "tropezones" que el Gobierno de María Dolores de Cospedal ha tenido en los tribunales "por saltarse las leyes que contemplan esos derechos".  

Ha recordado ante la Cámara el compromiso que ya hizo en campaña electoral de reducir listas de espera sanitarias --20 días para una prueba diagnóstica, 30 en consulta externa, y 90 en operación quirúrgica--, así como destinar el 25 por ciento del gasto sanitario a la Atención Primaria.  

De la mano de los profesionales sanitarias blindará el sistema sanitario y garantizará por ley el acceso a medicamentos, independientemente de situación económica de los enfermos, y ha prometido hospitales de gestión pública para Toledo, Guadalajara, Albacete y Puertollano, donde no tendrá cabida la sanidad privada.  

En este sentido, ha avanzado que en el caso del Hospital de Toledo "habrá que cambiar los planes", eso sí, con el acuerdo de los profesionales y con "soluciones razonables".  

García-Page ha finalizado adelantando que en su política sanitaria también va a promulgar una ley que blinde la asistencia de urgencias en las zonas rurales, para evitar que alguien tenga la tentación de cerrar esos centros, y articulará un plan de choque de empleo, para incorporar a 1.000 profesionales sanitarios.