El caso de Agustín Conde, diputado que también trabaja para el Banco de Santander pero no declara esta actividad al Congreso

Según recoge la Ser, Conde recibió, en 2012, autorización para ejercer como abogado “en sintonía con la única actividad privada declarada por el diputado: administrador de la asesoría Jurídica Conde y Esteban, un despacho en Toledo que había fundado en 1999 junto a su socio Leandro Esteban, actual Consejero de Presidencia del Gobierno de Cospedal. Aunque el despacho fue liquidado pocos meses después, en septiembre de 2012, Conde no comunicó a la cámara que el despacho había dejado de estar activo, ni tampoco que en ese mismo bufete su señoría había fundado sólo un mes después una empresa dedicada a la eficiencia energética Eco Witt de la que según el registro mercantil sigue siendo administrador único a día de hoy. Tampoco modificaría su declaración de actividades cuando en marzo de 2013, comenzó a trabajar para la filial inmobiliaria del Banco Santander, Altamira Real State como representante legal. De acuerdo al registro mercantil en 2014 también se le nombró apoderado de otra de las sociedades del banco: Santander de Titulización Sociedad Gestora de Fondos”.

Según la información de la Cadena Ser, Conde trabaja en casos de hipotecas impagadas desde 2013 y considera que esta tarea entra dentro de lo autorizado por el Congreso. Asegura que el Santander no tiene relación con el sector publico y que, por tanto, no genera conflicto de intereses.

Durante la tertulia de este martes en la Ser se ha recordado que el ejercicio de diputado es incompatible con cualquier otro trabajo. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que “el mandato de los Diputados y Senadores se ejercerá en régimen de dedicación absoluta en los términos previstos en la Constitución...y que el mandato de Senadores y Diputados será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma...”.

Ilegales sobre el papel, pero no tanto en la realidad. El nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha prohibido a sus parlamentarios ejercer cualquier otro tipo de trabajo.

El asunto ha saltado de nuevo a primera línea tras conocerse que el diputado Vicente Martínez Pujalte y el ex ministro de Defensa, Federico Trillo, cobraron 75.000 euros y 354.560, respectivamente de una empresa especializada en obra pública.

En ocasiones, esos dobles trabajos están permitidos pero el debate esta abierto en forma de pregunta: ¿son éticos?