Las personas que reciban ayuda en alimentos deberán probar su necesidad con un informe de servicios sociales

Los beneficiarios de los alimentos que reparten entidades como Cruz Roja o la Federación Española de Bancos de Alimentos a partir de fondos europeos para personas vulnerables tendrán que probar con un informe de servicios sociales que realmente necesitan ese apoyo, así como participar en itinerarios de inclusión socio laboral o programas similares en su municipio.  

Así lo ha explicado este miércoles el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, al término de un Consejo Territorial en el que ha dado cuenta a los responsables autonómicos, entre otros asuntos, de las novedades del Fondo De Ayuda Europea para las personas desfavorecidas por el que España va a recibir 563,4 millones de euros de aquí a 2020.  

Según ha señalado, este fondo, que España cofinanciará hasta un importe de 665 millones, está destinado a ayudas en alimentos y viene a reemplazar al que tradicionalmente gestionaba el Ministerio de Agricultura para dotar de comida a las entidades que como el Banco de Alimentos o Cáritas, reparten entre familias con dificultades para acceder a productos básicos como la leche o el arroz.  

A partir de ahora, por instrucción de la Comisión Europea, se impone la obligación de "garantizar que estos alimentos llegan a quienes lo necesitan" y que estas personas reciben además, otro tipo de atenciones, pues, como ha dicho Alonso, "no es solo dar asistencia sino todo un acompañamiento" a quienes están en riesgo o situación de pobreza.  

Así, quienes se beneficien de estas ayudas tendrán que acreditar con un informe de servicios sociales que lo necesitan, requisito que pueden no exigir en otros programas de ayuda alimentaria no financiados directamente por la Unión Europea.  

Además, los beneficiarios deberán tener información "sobre todos los recursos sociales que están a su disposición" y disponer de "medidas complementarias, a poder ser derivadas de los servicios sociales de su ayuntamiento" o participar "en un programa de inserción socio laboral"   

"Esto no es fácil de hacer. Lo hacen ya algunas comunidades autónomas y también Cruz Roja y los Bancos de Alimentos pero para implantarlo exige un elevado nivel de coordinación", ha añadido el ministro.  

Alonso ha anunciado la creación de un grupo de trabajo con las comunidades autónomas para el seguimiento de este fondo, que establecerá además los requisitos de los beneficiarios, unos criterios que serán comunes en todo el país.

60 MILLONES EN PROTECCIÓN SOCIAL  

Este ha sido uno de los asuntos centrales de un Consejo Territorial en el que se ha aprobado también la distribución de 32 millones de euros para familias en riesgo de pobreza o exclusión social que se repartirán teniendo en cuenta tanto el volumen de población (80%) como la tasa de población vulnerable (20%) de cada una de las comunidades autónomas.  

De este modo, Sanidad solventa las críticas del último ejercicio, cuando con carácter extraordinario se repartió un fondo de 17 millones contra pobreza infantil que primaba la tasa de riesgo de exclusión, haciendo que regiones con menos población afectada en términos cuantitativos recibieran más dinero.  

Con el nuevo criterio, las comunidades que recibirán más fondos serán Andalucia (5,3 millones), Cataluña (3,7) y Madrid (3 millones), seguidas de Comunidad Valenciana (2,8), Galicia (2,3) y Castilla La Mancha (2,1). Ceuta y Melilla se exceptúan en el criterio de reparto y reciben un millón cada una.  

Las autonomías deberán remitir a Sanidad sus propuestas de programas a financiar con este fondo, que este año podrá apoyar junto a la cobertura de necesidades básicas, iniciativas de apoyo a la conciliación, como gastos en escuelas infantiles o servicios complementarios.

PLAN CONCERTADO  

Junto a este fondo, el Consejo Territorial ha aprobado el reparto de 27,5 millones de euros para el plan concertado de servicios sociales, fondos que recaen directamente en las corporaciones locales y que financiarán ayuda a domicilio, alojamiento alternativo e inserción social, como comedores sociales o centros de acogida. La cantidad es similar a la de 2013.  

En paralelo, se ha dado luz verde a la distribución del Plan de Desarrollo Gitano (410.000 euros para las comunidades autónomas) y se ha informado sobre la recaudación de la casilla solidaria del IRPF del último ejercicio, un total de 221 millones de euros, según ha dicho el ministro, que se intentarán entregar en subvenciones "lo antes posible".  

También se ha dado cuenta a las comunidades autónomas de los anteproyectos de Ley del Tercer Sector y Ley del Voluntariado. Alonso confía en que este marzo vuelvan al Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes y aprobación antes de que termine este periodo de sesiones.