Fomento recurrirá la liquidación de la autopista Ocaña-La Roda para salvar su plan de rescate

   Fomento considera que los motivos que argumenta el juez no justifican la decisión de liquidar la autopista, al entender que los defectos que señala en el plan de rescate son subsanables.

   De esta forma, el Ministerio pretende defender la propuesta diseñada para solventar la situación de estas vías de pago, que pasa por integrarlas en una sociedad pública tras aplicar una quita del 50% a la deuda de 3.400 millones de euros que actualmente soportan.

   La liquidación de una autopista podría hacer peligrar este plan de rescate. La viabilidad de la futura nueva empresa nacional de autopistas está calculada a partir de la inclusión de las ocho autopistas, de forma que en el caso de excluir una, podría incumplir con los parámetros de cobertura de costes y deuda con ingresos que exige la UE.

   Asimismo, Fomento busca evitar que con la liquidación de la vía se active la responsabilidad administrativa que el Estado tiene ante el contrato de concesión de la infraestructura. La responsabilidad total ante las ocho autopistas suma un total de 4.500 millones de euros.

   Por todo ello, Fomento recurrirá al auto dictado este 24 de febrero por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, en el que abre la fase de liquidación de la autopista en quiebra la AP-36 Ocaña-La Roda, al considera que el plan de rescate de Fomento presenta "defectos de legalidad".

   En concreto, considera que el plan no cuenta con "refrendo o aprobación" por parte del Consejo de Ministros, ni con la "necesaria audiencia con los representantes de los trabajadores" de las vías que el Ministerio pretende asumir.

ASPECTOS QUE SE PUEDEN SUBSANAR.

   Según las mismas fuentes, Fomento considera que se trata de un aspecto que se puede subsanar, al igual que atenderá a todas la subsanaciones que en paralelo pide al plan el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, el encargado del proceso concursal de otras dos autopistas en concurso, las radiales R-3 y R-5.

   En este caso, este Juzgado coincide con el Mercantil número 2 al reclamar al Ministerio que su plan incluya autorización del Consejo de Ministros para que la sociedad pública Seittsa se quede con las autopistas quebradas, titulice en un bono la deuda con la que se quedarán las vías tras la quita del 50% prevista, y explote las infraestructuras.

   Además de estas dos vías, también están en riesgo de quiebra las obras dos radiales de Madrid (R-2 y R-4), la que une la capital con el aeropuerto, la Madrid-Toledo y la Cartagena-Vera. Los sobrecostes que las concesionarias de las vías afrontaron a la hora de expropiar los terrenos en los que se construyeron y el desplome del tráfico durante la crisis constituyen los principales factores de su desequilibrio financiero.