"Gil-Ortega pretende adjudicar la obra del ATC en contra de sus técnicos"

La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca asegura que este jueves se hizo pública la destitución por parte de Gil-Ortega “en función de las competencias que tiene atribuidas", del director de Administración y responsable de Compras y Contrataciones de ENRESA, Eugenio Alejandre, persona del entorno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que ha ostentado el cargo desde el año 2013.

Esta nueva destitución viene a sumarse al cese del Secretario General de Administración, Jesús Moreno Vivas, así como del encargado de Organización y Recursos Humanos, Jesús Horcajo, en Julio y Septiembre de 2014 respectivamente. El primero denunció la existencia de gastos desmedidos e injustificados por parte del presidente de ENRESA y su encargado de comunicación, Carlos Dávila, mientras que la oposición a contratar 28 personas “a dedo” por parte de Gil-Ortega podría haber costado el puesto al segundo.

Para esta Plataforma, el reciente cese guarda relación con la premura de Gil-Ortega, exalcalde de Ciudad Real y exvicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, por llevar a cabo las adjudicaciones de la obra civil del Almacén Temporal Centralizado, antes de las elecciones municipales y autonómicas de Mayo. El ahora presidente de ENRESA aseguró que los contratos serían formalizados la primera semana de Febrero, aunque no debería extrañarnos un aplazamiento, ya que el pasado verano anunció su firma para el mes de Septiembre.

Es necesario recordar que dichas adjudicaciones tendrían lugar sin haber obtenido siquiera las autorizaciones del Ministerio de Industria (Emplazamiento, Construcción y Puesta en marcha), del Ministerio de Agricultura, Medio Rural y Marino (Declaración de Impacto Ambiental), y sin contar aún con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear, principal organismo regulador en materia nuclear. Sin embargo, el gran presupuesto destinado a la obra, estimado en 263,5 M €, mantiene a las principales empresas constructoras del país en pugna, y a los trabajadores de sus filiales con la ansiada promesa de empleo, lo cual –a nadie se le escapa- supone una vil maniobra de reclamo electoral en un país asolado por el paro.

Como ya anunciamos, entre las ofertas candidatas “compiten”, por un lado Vías y Construcciones, y por otro Dragados. Ambas son filiales de ACS, de la que Florentino Pérez es presidente, responsable de la ejecución del proyecto CASTOR, almacén subacuático y subterráneo de gas que finalmente ha sido clausurado debido a los seísmos provocados en la costa de Castellón y Tarragona, consecuencia de los deficientes estudios geológicos. ACS ha sido indemnizada con casi 1.400 millones por el cese de la actividad del almacén, lo cual supondrá más de 600 € en la factura del gas para cada consumidor.

“Con los antecedentes del Aeropuerto de Ciudad Real, por parte de Gil Ortega, y del almacén Castor, por parte de Florentino Pérez, se pretende abordar la mayor obra civil de la década, y depositar en ella los residuos más peligrosos y duraderos que ha generado la actividad humana...es para echarse a temblar”, ha declarado Job Moya, uno de los portavoces de esta Plataforma. El gobierno de España debería paralizar inmediatamente el proyecto del ATC, dados los informes geológicos que desaconsejan su emplazamiento, principalmente por el bien de l@s ciudadan@s, pero también por el bien de las instituciones, puesto que el frustrado proyecto Castor ha terminado con la imputación de 18 personas por “prevaricación medioambiental, contra el medio ambiente y los recursos naturales”, incluyendo miembros del Ministerio de Medio Ambiente, del Instituto Geológico y Minero de España, ACS y Escal–constructoras-.