Trabajadores de la empresa Sufi reconocen irregularidades en la adjudicación del contrato de basuras de Toledo

Según publica CadenaSER.com, dos trabajadores de la empresa Sufi, Manuel Fueris y Juan Luis Uzal, han incrementado las sospechas en su declaración como testigos de este martes ante el juez Pablo Ruz, sobre la contratación de esta firma filial de Sacyr para gestionar las basuras de Toledo. A cambio de ese contrato, según la declaración de Bárcenas y diversas pruebas en poder de los investigadores, Sacyr habría pagado una comisión de un mínimo de 200.000 euros para la campaña autonómica de María Dolores de Cospedal a la presidencia de Castilla-La Mancha en 2007.

Según fuentes presentes en el interrogatorio, Fueris ha afirmado que con su protocolo firmado cuatro días antes de las elecciones, el PP mejoró con mucho las propias condiciones pactadas en el preacuerdo alcanzado entre la empresa Sufi y los empleados. Y que ese protocolo no fue elaborado por la dirección de Sufi en Toledo, sino que llegó vía correo electrónico “desde la central” en Madrid. Según el testimonio de Bárcenas, el acuerdo del pago de la comisión fue adoptado en la sede central de Sacyr por los imputados responsables de la sociedad, Luis del Rivero y Manuel Manrique.

El preacuerdo de los trabajadores y Sufi suponía una subida salarial del IPC más 0.65 puntos y mejoras de antigüedad, mientras que el protocolo firmado por el PP establece incrementos del IPC más cinco puntos. Es decir 11.4 millones de euros de sobrecoste en el tiempo total del contrato.

Fueris y Uzal, según las mismas fuentes, también han admitido que sabían que el convenio colectivo del sector de la limpieza en Toledo se extinguía el 31 de diciembre de 2006, por lo que la empresa tenía que haber tenido en cuenta en su oferta para el concurso esta previsión de gasto. En contra de ello, según declaró ayer el viceinterventor municipal, presentó una oferta con el coste de la mano de obra a la baja, lo que le permitió ser escogida por tratarse de la apuesta más barata. Meses después, el ejecutivo local dirigido por José Manuel Molina, a solo cuatro días de las elecciones, subiría el precio del contrato en más de 11 millones de forma “irregular” y sin los preceptivos informes técnicos, según la IGAE.