Este lunes José Manuel Molina (PP) declara imputado por tres delitos ante el juez Ruz

  Ruz investiga en esta parte de la instrucción la adjudicación en 2007 a la empresa Sufi, filial de Sacyr, de un contrato para la recogida de basuras por un importe de 6,13 millones anuales durante un periodo de diez años. Según Bárcenas, este servicio se entregó a esta compañía a cambio de una donación de 200.000 euros que sirvió para financiar la campaña de la presidenta del PP castellano-manchego, María Dolores de Cospedal.

   Molina, que está imputado por los delitos contra la administración pública de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, era alcalde de la ciudad cuando se aprobó una modificación del contrato que, según la Intervención General del Estado (IGAE), supuso un sobrecoste de 11,3 millones de euros y no siguió los requisitos establecidos por la ley.

   Este servicio de basuras, según argumentó el PP, fue ampliado y ratificado por el actual equipo de Gobierno socialista del Ayuntamiento de Toledo, quien mediante decreto de Alcaldía lo adjudicó definitivamente por una cuantía económica superior a la inicialmente prevista.

   También comparecerán en la Audiencia Nacional, aunque con la condición de testigos y, por tanto, acompañados de abogado y con la obligación de decir la verdad, el actual alcalde de Toledo y secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page; el diputado nacional Sebastián González (PP) y el entonces viceinterventor del Ayuntamiento de Toledo, Francisco Javier Sánchez Rubio.

   Todos ellos, según consta en un auto dictado por Ruz, participaron en la concesión del contrato en alguna de sus fases, según la reconstrucción de los hechos efectuada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que ha analizado la adjudicación partiendo de las entregas de dinero en efectivo por un total de 200.000 euros que Bárcenas realizó al entonces gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas.

INHIBICIÓN POR LA PRESENCIA DE AFORADOS

   Molina participó, en concreto, en la Junta de Gobierno en la que se ratificó el contrato, mientras que Sebastián González fue identificado por Bárcenas como la persona que presuntamente habría trasladado el supuesto interés por parte de María Dolores de Cospedal de plantear "un tema relacionado con el señor Molina y algo relacionado con Toledo".

   Ruz advertía, además, en su resolución de que realizará todas las diligencias de instrucción necesarias para "completar la investigación de los hechos" antes de decidir si se inhibe de este asunto al tribunal que resulte competente por la existencia de indicios delictivos contra aforados.

   El magistrado también tomará declaración como testigos el martes a cinco trabajadores de la empresa adjudicataria del contrato: Pedro Sigüenza Hernández, María de la O Terciado, Pedro Caballero, Manuel Fueris y Juan Carlos Uzán.

TIRADO FUE EL INTERMEDIARIO, SEGÚN BÁRCENAS

   En su declaración ante el juez Ruz del pasado 15 de julio de 2013, Bárcenas vinculó este contrato a una donación para sufragar la campaña de la candidata del PP de Castilla-La Mancha y secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal. El extesorero dijo que las entregas de dinero que recibía el PP "jamás fueron finalistas, salvo una, en Castilla-La Mancha".

   Según el extesorero, Cospedal se encargó de poner en contacto al entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, y el consejero delegado de la firma y actual presidente, Manuel Manrique, con Vicente Tirado, secretario general del PP de Castilla-La Mancha.

   El gerente del PP castellano-manchego, José Ángel Cañas, redactó en febrero de 2007 un recibí por importe de 200.000 euros aunque aseguró ante el juez Ruz que lo hizo "al dictado" de Bárcenas, al que llegó a calificar de "violento", y sin llegar a percibir nunca ninguna cantidad.