Los trabajadores de Airbús exigen la retirada de los cargos penales contra 8 sindicalistas por participar en la Huelga General de 2010

Los trabajadores del turno de mañana de Airbús-Illescas se han concentrado este lunes ante las puertas de su fábrica en solidaridad y apoyo de ‘Los 8 de Airbús’, para cada uno de los cuales la Fiscalía pide ocho años de cárcel por su participación en la huelga general del 29S de 2010, de la que hoy se cumple el cuarto aniversario.

También en el resto de las factorías de Airbús en nuestro país se han celebrado concentraciones para exigir al retirada de los cargos contra sus compañeros sindicalistas; y en defensa del derecho de huelga y contra la represión penal de su ejercicio impulsada por el Gobierno de Rajoy.

Las concentraciones, que se repetirán en el turno de tarde, han contado con el respaldo prácticamente unánime de los trabajadores de Airbús, “una empresa con un elevadísimo nivel de afiliación y de organización sindical -en Illescas, 500 de los 700 integrantes de la plantilla están afiliados a CCOO- y cuyos trabajadores tienen una clara conciencia de la gravedad y trascendencia de este asunto”, indicó David Cabanillas, delegado  sindical de CCOO en Airbús-Illescas.

A la concentración de esta mañana en Illescas ha acudido uno de los ocho sindicalistas imputados por el Ministerio Fiscal, Tomás García Rojas, presidente del comité de empresa de Airbús-Getafe.

Fue en esta factoría donde a primeras horas de la mañana del 29 de septiembre de 2010 se produjeron incidentes en los que resultaron heridos varios trabajadores por una actuación policial desproporcionada que incluyó la realización de siete disparos de arma de fuego.

A raíz de estos hechos, y pese a la falta de consistencia de sus acusaciones -no hay denuncia policial, ni de ninguna otra persona, contra ‘Los 8 de Airbús’- el ministerio fiscal impulsó la imputación de siete sindicalistas de CCOO y uno de UGT en base al artículo 315 del Código Penal, un residuo del Franquismo que no se aplicaba en nuestro país desde el final de la dictadura, con el denominado “Proceso 1.001”. 

La reactivación del mencionado artículo del código penal ha permitido al ministerio fiscal abrir procesos penales contra más de 300 personas por su participación en huelgas. Algunos de los imputados ya han sido condenados y encarcelados.

Los sindicatos CCOO y UGT, y la Confederación Sindical Internacional (CSI) han denunciado al Gobierno Español por vulnerar el derecho de huelga  ante los organismos internacionales de la ONU y la UE encargados de velar por los Derechos Sociales; en concreto, por vulnerar los Convenios 87, 98 y 154 de la OIT, ratificados por nuestro país, en relación a “la actuación penal represora llevada a cabo por el Gobierno de España ante el ejercicio del derecho constitucional de huelga”.

Los sindicatos españoles y la CSI mantienen una campaña sostenida de denuncia y movilización, tanto en España como a nivel mundial, con el lema “Huelga no es delito”. También numerosos ayuntamientos, entre ellos el de Illescas, gobernado por el PP, han aprobado por unanimidad Resoluciones de Apoyo a los 8 de Airbús, solicitando al ministerio fiscal la retirada de los cargos.