La Junta "retira" la gestión de la teleasistencia a Cruz Roja y "se la da a una empresa privada que obligará al copago"

Según ha informado el sindicato, la teleasistencia domiciliaria, que durante más de dos décadas había venido gestionándose por Cruz Roja Española, ahora se hará desde una empresa privada, Televida.

Esta empresa, afirma el sindicato, en manos de un fondo de capital-riesgo con domicilio en el extranjero, se encargará de atender a las más de 50.000 personas usuarias de este servicio, que venían prestando más de 200 profesionales de Cruz Roja repartidos por toda la región.

Sobre estas personas "pende ahora la espada de Damocles del desempleo" denuncia Brigi Soánez, secretaria general de Comfia-CCOO. "Su futuro depende de que Televida se subrogue a la totalidad de la plantilla y asuma con los trabajadores compromisos de permanencia y estabilidad", ha manifestado.

En esta línea, han exigido a la Junta "garantías de empleo, continuidad y concreción de condiciones laborales para la plantilla de más de 200 trabajadores que desempeñan esta labor y que no saben qué va a ser de ellos a partir del 1 de junio, fecha en la que debe estar realizado el traspaso de entidad gestora".

Además, desde CCOO han asegurado que con esta adjudicación "se introduce la fórmula del copago en la financiación del servicio que hasta este momento venía siendo totalmente gratuito y universal, haciendo recaer parte del coste en las persona mayores dependientes".

EMERGENCIAS 112

En otro orden de cosas, el sindicato ha criticado que el servicio de Emergencias 112 que da empleo a casi 90 profesionales altamente cualificados "lo dejará de prestar MK Plan 21 (empresa del Grupo Fundosa) para pasar a la empresa TISSAT, que según el sindicato ha entrevistado a trabajadores del centro "preguntando hasta dónde estarían dispuestos a rebajar sus salarios".

Para CCOO el preservar el empleo y las mejores condiciones laborales posibles de la plantilla es condición indispensable y como tal así debe garantizarse a partir del próximo 1 de mayo, fecha en la cual quedarán subrogados a los nuevos gestores.

Finalmente, han lamentado que estos dos servicios que se adjudican a estas empresas "ponen en serio riesgo el futuro laboral de más de 300 trabajadores de la región al tiempo que se privatiza la financiación de servicios sociales esenciales trasladando a las rentas de los usuarios la mayor parte del coste del mismo".