¿Barreda y Bono también fueron espiados con dinero público y sin mandato judicial?

Pagada con dinero público y sin mandato judicial, la Junta de Castilla-La Mancha, bajo el Gobierno del PP, contrató una investigación para determinar si se habían producido borrados de datos en ordenadores de la Consejería de Presidencia y de la Dirección General de Presupuestos antes de que el Gobierno socialista abandonara definitivamente el poder.

El propio Leandro Esteban lo reconoció el mismo día que se hizo público que Método 3 había recibido este encargo de nuestra región, aunque no citó en ningún caso a la controvertida agencia catalana.

Lo cierto es que, según el diario de Prisa, una empresa privada, en este caso la agencia de detectives Método 3 a través de una subcontrata, pudo analizar a conciencia ordenadores de nuestra Administración pública sin mandato judicial. El Gobierno del PP, que ha admitido después este encargo pagado con dinero público, presentó una denuncia que se instruye en un juzgado contra el anterior Ejecutivo socialista por el supuesto borrado de archivos. Pero las conclusiones de los informes de Método 3 no acreditan prácticas escandalosas ni descubren documentación relevante entre el material supuestamente borrado.

También hay otros informes dedicados a los expresidentes autonómicos socialistas José María Barreda, José Bono y José Montilla, aunque ninguno de ellos ha expresado su intención de judicializar esas supuestas investigaciones.