El alcalde de Cuenca, imputado por presunta prevaricación

El próximo 24 de marzo, el alcalde de Cuenca, Francisco Javier Pulido, declarará como imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa, después de que el Juzgado de Instrucción Número 4 de Cuenca haya admitido a trámite la querella presentada por el Grupo Municipal Socialista tras la modificación de la operación de crédito suscrita con Caja Madrid para la construcción de los edificios de sindicatos y CEOE CEPYME.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Inmaculada Cruz, ha calificado este asunto de “extremadamente grave” y ha anunciado que, de ser declarado culpable, Pulido se enfrenta a una pena de inhabilitación especial para cargo público de entre 7 y 10 años, según el artículo 404 del Código Penal.

Cruz recordó que, el 21 de abril de 2008, se aprobaron las bases y el pliego de condiciones de una operación de crédito de 5 millones de euros para la construcción de las nuevas sedes de CC.OO., UGT y CEOE CEPYME, con un periodo de amortización de 2 años. El 20 de mayo se constituyó la Mesa de Contratación, a la que se presentaron 6 entidades bancarias. Finalmente, el 23 de junio se aprobó la adjudicación definitiva a Caja Madrid, por considerarse que era la mejor oferta.

Según la edil del PSOE, “hasta ese momento el voto del Grupo Municipal Socialista fue a favor, pues entendíamos que era necesario suscribir esta operación para cumplir el convenio suscrito con el Ministerio de Trabajo y que el procedimiento se estaba llevando a cabo adecuadamente”. No obstante, el 23 de junio de 2008, el concejal de Hacienda, Javier Ruiz, llevó a la Comisión de Hacienda, fuera del orden del orden del día, una modificación del préstamo suscrito apenas tres meses antes para ampliar el periodo de amortización de 2 a 20 años.

Cruz explicó que “fue a partir de esta modificación cuando el Grupo Municipal Socialista advirtió que se estaba cometiendo una irregularidad porque las condiciones de la operación de crédito cambiaban sustancialmente, vulnerando así el artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público”. Además, los socialistas advirtieron que se dicha modificación carecía de informes que justificaran la decisión, al tiempo que llamaron la atención sobre el parentesco del director de la entidad adjudicataria con la concejala de Personal, Alejandra Barambio, pues resultaron ser cuñados.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista insistió en que “el Grupo Municipal Socialista intentó, por diversas vías, advertir del alcalde”. Para ello, además de los sucesivos requerimientos en Pleno, se presentó un recurso de reposición en el que se pedía que se revocara el acuerdo y un escrito instando al Equipo de Gobierno del PP a solicitar dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

Cruz también recordó que, el 6 de marzo de 2009, unos días después de que el alcalde firmara el contrato de la modificación de crédito con la entidad Caja Madrid, la Intervención Municipal emitió un informe en contra que Pulido decidió salvar mediante un decreto.

Por todo ello, insistió en que Pulido “actuó a sabiendas, a pesar de las continuas llamadas de atención del Grupo Municipal Socialista y de los técnicos municipales”. En consecuencia, afirmó que “ahora tendrá que sentarse en el banquillo, como imputado, y dar explicaciones de por qué lo hizo”.

La concejala socialista insistió en la gravedad del asunto y observó que esta situación “es una muestra más de las formas que tiene el PP de hacer las cosas: con oscurantismo, falta de transparencia, con familiares de por medio, a decretazos, obviando a la oposición y a los técnicos municipales y sin encomendarse a nadie”.

Según Cruz, tras la declaración de Pulido, el Juzgado deberá dictar un auto decidiendo si se archiva o abre procedimiento penal abreviado. En este último caso se celebraría el pertinente juicio penal.

Finalmente, pidió conocer la opinión de la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, y la presidenta provincial y viceportavoz en el Ayuntamiento de Cuenca, María Ángeles García, sobre este asunto, pues “según el Código de Buenas Prácticas del PP, recientemente aprobado y puesto como ejemplo de transparencia ante los ciudadanos, Pulido está obligado a comunicar la apertura de este procedimiento judicial a su partido y a poner su cargo a disposición del mismo”.