Con su expulsión finalizó un proceso que se inició después de que en mayo de 2009 votara a favor de dos mociones presentadas por el PSOE e IU, que paralizaron el proceso de privatización del servicio de aguas que quería llevar a cabo el equipo de gobierno del PP.
En cualquier caso, ha indicado que probablemente no recurrirá su expulsión en los tribunales ordinarios "en vista de las personas que hoy en día tienen la responsabilidad en el partido".
Ha asegurado que deja su puesto en el grupo popular con una sensación "de descanso" y de también de tristeza porque deja un partido que ayudó a formar, ya que es militante desde el año 1982 cuando aún se denominaba Alianza Popular.
Según Ortiz, "los que actualmente están en la cúspide de la pirámide no están a la altura de lo que es un partido democrático, ni en mi caso ni en el de otros amigos y compañeros que han sido expulsados de forma antidemocrática, y no sólo eso, sino de una forma ilegal que no se ajusta a derecho".
En este sentido, ha anunciado que va a seguir siendo concejal durante el resto de la legislatura, porque "ninguno de los que han sido hasta ahora mis compañeros tiene derecho legal a pedirme que devuelva el acta, pero tampoco derecho moral".
No obstante, ha asegurado que los concejales del grupo popular van a tener su apoyo "siempre que presenten proyectos que sean acordes a la ideología del Partido Popular y la mantener la dignidad humana y todas las libertades y derechos que le son inherentes".
"Desde aquí les invito a que trabajen por Cuenca, a que presenten proyectos interesantes para Cuenca y, si es así, en mí van a tener un colaborador absoluto", ha añadido.
Sin embargo, ha advertido de que no va a consentir "en ningún caso" que se le aplique "cualquier pacto, se llame como se llame el pacto antitransfuguismo".
Ha recordado que "el pacto no es ley y hay que regirse por la Constitución, en primer lugar" y por los reglamentos de funcionamiento de las corporaciones locales, y ha asegurado que "exigiré todos los derechos que me corresponden".
