El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, señaló este martes que si el Gobierno le hubiera llamado para consensuar la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible gastado y residuos nucleares de alta actividad, él "le hubiera facilitado el tema".
 Rajoy (Archivo)
En declaraciones a TVE Rajoy reiteró que él está "a favor de la energía nuclear" y que ha votado a favor de la instalación de un "almacén nuclear", por lo que considera que no puede estar "en plan caprichoso" sobre la ubicación del mismo.
En ese sentido, recordó que hace unos meses visitó la planta de Santa María de Garoña (Burgos) donde dijo que si el PP gana las Elecciones Generales la central no se iba a cerrar porque "de algún lugar tiene que venir la energía". "De la eólica podrá venir algo, pero necesitamos un 'mix' y la energía tiene que venir de diferentes fuentes", añadió.
En su opinión, "lo que debió hacer el Gobierno" era ponerse de acuerdo con algún ayuntamiento que quisiera el almacén y "si tenía problemas pactar con la oposición". "A mí, si me hubiera llamado, yo le hubiera facilitado el tema", apostilló Rajoy al tiempo que lamentó que al final "como en tantos temas" por la "falta de decisión" del Ejecutivo, está "todo el mundo enfadado", refiriéndose a los presidentes de Cataluña, José Montilla, y de Castilla-La Mancha, José María Barreda.
EL PP NACIONAL "NO HA INTERVENIDO" EN EL EXPEDIENTE A YEBRA
Sobre el expediente abierto al alcalde de Yebra (Guadalajara) por parte del PP provincial, Rajoy insistió en que la dirección nacional del partido "no ha intervenido para nada" y que hasta donde el líder de los populares sabe, el edil fue expedientado porque se le había pedido que fuera el partido el que tomara la decisión de pedir el ATC y que lo sacara con unanimidad en el pleno de su ayuntamiento.
Asimismo, defendió la necesidad de que España tenga un ATC porque "en algún sitio habrá que situar los residuos" y porque los de la central de Vandellós I (Tarragona) están alojados en Francia, bajo un régimen de alquiler que costará a partir de finales de este año 60.000 euros diarios.
Sin embargo, reconoció que "nadie quiere que se lo pongan en su pueblo, lo cual es humano". En cualquier caso, reclamó que el Gobierno "está para gobernar" y, por tanto, tiene que tomar decisiones "simpáticas y a veces antipáticas y que no le gustan a alguna gente". "Y el Gobierno sin decidir, porque todavía no ha decidido", concluyó.
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