La Coordinadora Territorial de UPyD de Castilla-La Mancha ha presentado el Plan de racionalización de la Administración de la Junta de Comunidades y del Sector Público Regional, que propone, entre otras medidas, la supresión de tres consejerías, al igual que ha solicitado también el PP, y la desaparición de varios de los Organismos Autónomos actualmente existentes en la Administración regional.
Según informa la formación política en un comunicado, las líneas fundamentales de dicho plan formarán parte de su Programa Electoral para las elecciones de 2011 "con el objetivo fundamental de hacer menos costosa, más eficiente y más profesionalizada la Administración pública regional".
UPyD propone la supresión de las consejerías de Cultura, Turismo y Artesanía, la de Presidencia y la de Industria, Energía y Medio Ambiente. Las competencias de la primera se distribuirían entre la Consejería de Educación y la Consejería de Trabajo, la primera acapararía las de índole cultural, mientras que por la segunda se asumirían las referentes a las materias de Turismo y Artesanía.
Respecto a la Consejería de Presidencia, algunos de sus órganos actuales como la Portavocía o la Dirección General de Comunicación quedarían encuadrados dentro del organigrama de la Consejería de Administraciones Públicas, pasando a ejercer la portavocía el responsable de esta última. En lo que respecta a las competencias de Industria se asumirían por la Consejería de Trabajo, en tanto que las de Medio Ambiente se integrarían de nuevo en la de Agricultura.
Por contra, la actual Consejería de Salud y Bienestar Social, retornaría a la situación anterior a la de la última remodelación del presidente, José María Barreda, volviendo a separarse en dos consejerías, la de Bienestar Social por un lado y la de Salud por otro, "pues ni el ahorro con esta fusión ha sido el anunciado, ya que dada las extensión de las competencias de ambas supuso que se crearan innumerables puestos de coordinación".
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
En segundo lugar, el plan presentado por UPyD plantea la desaparición de varios de los Organismos Autónomos actualmente existentes en la Administración regional. Así recoge la supresión del Instituto de la Mujer, cuyas competencias se asumirían por la Consejería de Bienestar Social; la del Instituto de la Juventud, cuyas funciones las realizaría la de Educación y por último la desaparición también del Instituto de Consumo, que quedaría de nuevo integrado en la nueva Consejería de Salud.
"No se trata con esta supresión de dejar de realizar las funciones que actualmente desempeñan estos órganos, sino hacer desaparecer un número importante de los puestos políticos de libre designación que se crearon con la constitución de los mismos, especialmente en los Servicios Centrales, mientras que los órganos periféricos han seguido con una estructura similar a la de antes de constituirse como organismos autónomos", asevera la formación.
Otras propuestas que la formación de Rosa Díez en la región plantea en su Plan de Racionalización de la Administración Autonómica, es disminuir en un 50% el número de asesores o personal eventual de la misma. Junto a esta medida también se recoge reducir de manera significativa, al menos en un 30%, los puestos de libre designación (Direcciones Generales y Jefaturas de Servicio).
Asimismo dentro del Sector Público Regional, el Plan recoge la supresión de varias de las empresas públicas regionales "que tanto han contribuido a aumentar el déficit público en los últimos años".
Por último, se plantea como imprescindible una reestructuración en profundidad de la RTVCM, consistente en disminuir en el próximo cuatrienio hasta en un 40% el presupuesto del Ente público, que en el presente año asciende a 70 millones de euros.
Todas las medidas planteadas por UPyD de Castilla-La Mancha generarían, según la formación, un ahorro para las arcas públicas de más de un 25% en gasto corriente, además de suponer una "mayor eficacia" en la prestación de sus servicios a los ciudadanos, al profesionalizarse en profundidad la gestión administrativa, que se llevaría a cabo fundamentalmente por funcionarios de carrera en base a criterios técnicos y no por personal externo, sin más méritos que la afinidad política.
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