La propuesta que ha presentado el Gobierno ante la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo sobre elevar la edad de jubilación hasta los 67 años, así como incrementar la cifra de años cotizados para el cálculo de la futura pensión del trabajador hoy en activo, ha levantado más que ampollas en los sindicatos y en amplias capas de la población. Se ha pasado en unos días de no ser planteable, según se desprendía de las declaraciones del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, a una propuesta en toda regla por parte del Gobierno de España.
En algunos medios de comunicación se ha mencionado que esa propuesta era para quedar bien ante Bruselas y los foros económicos internacionales, en el sentido de estar haciendo los deberes para reducir el déficit y mejorar nuestras expectativas económicas. Desde otros medios se habla de responsabilidad al haber cogido el toro por los cuernos ante el futuro de las pensiones públicas (no privadas como parecían sugerir gobiernos anteriores) y de haber subido el Fondo de Reserva de la Seguridad Social de los 15.000 millones de 2004 a los 60.000 de la actualidad. Otros comentan que si la proyección es a 30 o más años vista, bien se podían haber esperado y abordarlo al comienzo de la próxima legislatura, con más tiempo por delante, y no buscarse unos enfrentamientos innecesarios en este momento, habiendo temas más acuciantes. Sea como fuere, el “globo” ya está en el aire.
Se ha dicho que, entre las causas que han llevado al Gobierno a plantear esos dos años más de tiempo de trabajo, se encuentra el aumento en cuatro años de la esperanza de vida desde 1980 (buena noticia para todos). Dicen que hay mentiras, mentiras gordas y estadísticas. Una de las razones que hacen reflejar en la estadística un aumento del promedio de los años de vida es una menor mortalidad infantil. El siguiente dato viene de meter a toda la población en el cálculo, con independencia de si son cotizantes o no, si son ricos o pobres (la esperanza de vida de un rico en España es 10 años mayor que la de un pobre).
Además, la proyección quizá no contemple el previsible aumento de la productividad; tampoco se habrán tenido en cuenta índices de natalidad medianamente fiables, inmigración y otros factores, que incrementarían la pirámide por abajo. ¿Cuántos estudios de proyecciones demográficas y de empleo enfocados a las pensiones, hechos hace 20 ó 30 años, han demostrado ser hoy un completo fracaso? ¿Dónde están los estudios de los gurús de la economía, hechos hasta poco antes de desatarse la crisis mundial que nos afecta? Las estadísticas no justifican todas las decisiones políticas pues, aunque son un elemento de ayuda, a veces hay que tomarlas con pinzas.
Por otra parte, cuanto más tiempo tardase en jubilarse la generación de más edad, más tardarían en incorporarse los jóvenes al mercado de trabajo. Se produciría la paradoja de financiar con las aportaciones de los de mayor edad el paro de los más jóvenes en lugar de ser éstos los que financiasen la jubilación de aquéllos. Además de las propuestas que sobre el empleo acaba de presentar el Gobierno a los agentes sociales, habrían de estudiarse con mayor detenimiento fórmulas encaminadas al traspaso del conocimiento de los trabajadores de más edad sobre los siguientes, en el mundo empresarial. Este podría ser un factor más que ayudase al incremento de la productividad.
La jubilación debería considerarse sólo como un derecho y no como una obligación. Podrían sustituirse los 65 años como edad frontera por una banda de años, que podría comenzar a partir de los 60, para aquellas personas que hubieran ya cotizado el mínimo de los 35 años hoy exigibles para tener acceso a una pensión completa, sin mermas. Esta medida también incrementaría el empleo juvenil, que es donde hay que ejercer la mayor presión. Por último, en cuanto a la prolongación para el cálculo de la pensión de 15 a 20 años, debería utilizarse la fórmula que más beneficiase a cada trabajador, pues algunos de los que han tenido la desgracia de sufrir el paro en los últimos años de su vida laboral se verían beneficiados al incluir más años, al resto le iría mejor con los 15 actuales.
Casimiro Pastor Millán
